La profesional de la salud sin lucha de clases, solo hace curitas

Columna de opinión sobre la perspectiva de clase en el sector salud y sus luchas actuales

Escrito por Camilo Arenas Medina, estudiante de licenciatura en Enfermería y ayudante de investigación Universidad Diego Portales.

La paralización nacional de 48 horas convocada por la Confederación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Salud Municipal (CONFUSAM), los días 29 y 30 de septiembre, volvió a poner sobre la mesa una discusión que trasciende las cifras del presupuesto: ¿qué condiciones materiales necesitamos para garantizar una atención de salud digna? La organización exigió mayores recursos para la Atención Primaria de Salud (APS) en 2027, cuestionando una propuesta de incremento del per cápita basal que consideraba insuficiente frente a sus demandas. Mientras el Ministerio de Salud informó la actualización del aporte estatal correspondiente a 2026 y sostuvo que la discusión sobre el financiamiento estructural continuaba abierta, el conflicto evidenció una tensión que no podemos ignorar: las necesidades de las comunidades y las condiciones en que trabajan quienes las cuidan no pueden separarse de las decisiones políticas y económicas que determinan cómo se distribuyen los recursos sanitarios. Por eso, esta movilización no debería ser observada únicamente como un conflicto gremial, también es una oportunidad para preguntarnos qué entendemos por salud, qué responsabilidad tenemos quienes trabajamos o nos formamos en este campo y qué posición asumimos frente a las desigualdades que atraviesan la vida de las personas.

Existe una manera de comprender la salud que parece comenzar y terminar en el cuerpo individual: identificar signos y síntomas, establecer diagnósticos, indicar tratamientos y evaluar resultados. Todo ello es indispensable, ya que, nadie podría defender seriamente una práctica sanitaria de calidad sin conocimientos científicos, habilidades clínicas ni responsabilidad profesional. El problema comienza cuando confundimos esa dimensión imprescindible con la totalidad del fenómeno sanitario; cuando suponemos que una enfermedad puede comprenderse al margen de las condiciones en que una persona nace, vive, trabaja, se alimenta y envejece. Pensemos, por ejemplo, en una persona con diabetes que recibe indicaciones nutricionales adecuadas desde el punto de vista clínico, pero que dispone de ingresos insuficientes, vive en un territorio con acceso limitado a alimentos saludables o no cuenta con tiempo ni condiciones materiales para modificar sus rutinas. Podemos repetir las recomendaciones, registrar su cumplimiento y atribuirle la responsabilidad por los resultados, pero nada de eso transforma las circunstancias que dificultan su cuidado. Si reducimos el problema a una supuesta falta de voluntad individual, convertimos una desigualdad social en un fracaso personal. Y si, además, nos conformamos con esa explicación, nuestra intervención podrá ser técnicamente correcta y, aun así, profundamente incompleta. La salud no se distribuye de manera equitativa porque tampoco lo hacen los recursos, las oportunidades ni las condiciones de vida. No es lo mismo enfrentar un cáncer disponiendo de recursos económicos para costear traslados, tratamientos y cuidados que hacerlo dependiendo de ingresos precarios, redes de apoyo limitadas y servicios públicos sobrecargados. La enfermedad puede compartir un nombre en el diagnóstico, pero las posibilidades concretas de afrontarla son radicalmente distintas.

Es aquí donde la conciencia de clase deja de ser una consigna abstracta y se convierte en una necesidad para el ejercicio sanitario: comprender la lucha de clases implica reconocer que las desigualdades económicas y las relaciones de poder influyen tanto en la distribución de la enfermedad como en las posibilidades de prevenirla, tratarla y vivir con ella. No significa reemplazar la evidencia científica por una posición ideológica ni desatender las particularidades de cada paciente. Significa comprender que ninguna atención ocurre en el vacío y que nuestras decisiones profesionales adquieren sentido dentro de una sociedad atravesada por desigualdades concretas. La conciencia de clase nos permite preguntarnos por qué ciertas comunidades acumulan mayores riesgos, por qué algunas personas encuentran obstáculos que otras pueden resolver con dinero y por qué las limitaciones del sistema terminan recayendo, con especial fuerza, sobre quienes menos tienen. También nos obliga a examinar críticamente nuestras propias prácticas: podemos entregar una indicación correcta y, al mismo tiempo, ignorar las condiciones que impiden llevarla a cabo; podemos tratar una enfermedad sin preguntarnos por las circunstancias que contribuyeron a producirla o agravarla. No se trata de exigir que cada profesional resuelva individualmente problemas estructurales que exceden sus atribuciones, sino de reconocerlos, evitar culpabilizar a quienes los padecen y participar, desde nuestras posibilidades, en la construcción de respuestas colectivas. Una práctica sanitaria integral necesita tanto rigor clínico como comprensión de la realidad social.

Por eso, la defensa de la salud pública no puede descansar exclusivamente en quienes trabajan dentro de los establecimientos ni únicamente en las comunidades que necesitan atención. Cuando las trabajadoras de la salud exigen recursos suficientes para desarrollar su labor, sus demandas pueden encontrarse con las de quienes necesitan centros de salud accesibles, equipos con condiciones laborales dignas, insumos disponibles y atención oportuna. Esa convergencia no es automática: requiere organización, diálogo y la voluntad de reconocer que, aunque ocupemos posiciones distintas, nuestras luchas pueden compartir un horizonte. La movilización de CONFUSAM nos invita precisamente a pensar esa articulación entre trabajadoras y comunidades, no para borrar sus diferencias, sino para construir una fuerza social capaz de defender la salud como un derecho y no como un privilegio condicionado por la capacidad de pago. En el Movimiento Solidario Vida Digna creemos que una salud verdaderamente popular debe construirse con las comunidades, reconociendo sus saberes, sus experiencias y comprendiendo que cuidar también supone disputar las condiciones sociales que hacen posible —o impiden— una vida digna. Esto exige abandonar la idea de que el compromiso profesional se agota al terminar un procedimiento o cumplir una jornada. La técnica es una herramienta fundamental, pero no determina por sí sola el horizonte de nuestro trabajo: ese horizonte también depende de cómo comprendemos las necesidades de la población y de nuestra disposición a organizarnos para transformar aquello que produce desigualdad.

Una curita puede ser indispensable para quien tiene una herida, el problema es creer que basta con ella cuando las condiciones que producen y agravan esa herida permanecen intactas. No necesitamos menos ciencia, menos preparación ni menos compromiso clínico; necesitamos una práctica sanitaria capaz de reconocer sus límites cuando se desentiende de la realidad social. Sabemos que cuidar a una persona es una responsabilidad clínica y defender las condiciones que permiten que todas las personas reciban cuidados dignos es, además, una responsabilidad social. Una profesional de la salud sin conciencia de clase puede tratar enfermedades pero difícilmente comprenderá por completo las desigualdades que las atraviesan. Y una salud que no se atreve a mirar esas desigualdades corre el riesgo de terminar poniendo curitas sobre heridas que la propia sociedad sigue abriendo.