Columna de opinión sobre el Decreto 333 y sus efectos en la salud pública
Escrito por Camilo Arenas Medina, estudiante de licenciatura en Enfermería y ayudante de investigación Universidad Diego Portales.
Cuando la tecnocracia estatal firma un decreto de austeridad, la discusión suele refugiarse en el lenguaje frío de la responsabilidad macroeconómica y en el uso de las palabras de siempre: «crisis», «eficiencia», «ahorro», «apretarse el cinturón». Así, millones de pesos aparecen como cifras abstractas en una planilla y cuando llegan a los territorios se traducen en medicamentos que faltan, atenciones que se postergan, equipos que trabajan con menos recursos y familias que deben asumir costos que antes le correspondía al Estado.
El Decreto 333, que ejecutó un recorte de más de 413 mil millones de pesos al Ministerio de Salud, junto con la retención de 21.800 millones de pesos en fondos per cápita y la amenaza de descontinuar 40 programas sanitarios hacia 2027, no puede entenderse únicamente como un ejercicio de ordenamiento presupuestario, ya que, el presupuesto público expresa, sobre todo, prioridades políticas. Decidir dónde se recorta también significa decidir quién sufrirá las consecuencias, por tanto, surge la pregunta que suele desaparecer detrás del lenguaje de la austeridad: ¿qué ocurre con las necesidades cuando el Estado deja de financiarlas? Y la respuesta es sencilla: siguen ahí, no desaparecen.
Las enfermedades crónicas no dejan de existir por la falta de medicamentos; las personas no dejan de necesitar atención por la disminución de los recursos; la prevención tampoco pierde importancia porque se reduzca su financiamiento; las listas de espera no se acortan simplemente porque el presupuesto disminuya. Y como las necesidades no desaparecen, lo que cambia es el lugar desde donde se intenta responder. Si un CESFAM no dispone de los medicamentos necesarios para un tratamiento, una familia puede verse obligada a comprarlos con sus propios ingresos o enfrentar una interrupción terapéutica. Si disminuye la capacidad preventiva de los equipos, parte del cuidado puede desplazarse hacia los hogares. Si una atención se posterga, también tiene un costo: tiempo de trabajo perdido, traslados, incertidumbre y, eventualmente, intervenciones más complejas.
Ahora bien, nada de lo anterior se distribuye de manera uniforme: una familia con mayores ingresos puede comprar un medicamento, recurrir a una consulta privada o asumir un traslado, por otro lado, una familia con menos recursos puede no tener ninguna de esas alternativas. La austeridad convierte así una diferencia de ingresos en una diferencia en la capacidad para enfrentar la enfermedad. Lo mismo sucede con una dimensión frecuentemente invisibilizada: el cuidado. Cuando una atención se posterga o el sistema deja de cubrir una necesidad, alguien debe asumir ese vacío y ese trabajo recae de manera desproporcionada sobre las mujeres y cuerpos feminizados, trasladando hacia los hogares una carga que también tiene un costo económico y social.
De ahí que sostener que con menos recursos siempre es posible hacer más no constituye, por sí mismo, una estrategia de gestión. La eficiencia tiene límites materiales, por tanto, un equipo sanitario puede mejorar procesos y reducir ineficiencias, pero no puede responder indefinidamente a una demanda creciente sin aumentar su capacidad. Tampoco un trabajador puede compensar, mediante esfuerzo individual, una insuficiencia estructural de recursos. Confundir eficiencia con sacrificio no es eficiencia. Tampoco es evidente que reducir el gasto sanitario reduzca los costos sociales de la enfermedad; la prevención, el tratamiento oportuno y la atención temprana buscan precisamente evitar consecuencias posteriores más complejas. Cuando esas capacidades se debilitan, parte del costo puede reaparecer más adelante, dentro de la propia red pública o fuera de ella, en los hogares y lugares de trabajo.
Esta discusión ocurre, además, sobre un sistema que ya enfrenta una enorme presión: más del 80% de la población depende exclusivamente de Fonasa y existen más de dos millones de personas en listas de espera, en un contexto que mantiene además una alerta oncológica vigente, es por eso que podemos afirmar que reducir el financiamiento sanitario no ocurre sobre una red con capacidad ociosa, sino sobre un sistema que ya enfrenta una demanda acumulada. En ese escenario, afectar el financiamiento hospitalario mediante los Grupos Relacionados con el Diagnóstico y congelar el valor del per cápita basal no son decisiones abstractas para quienes utilizan la red pública, por el contrario, representar menor capacidad de respuesta, mayor incertidumbre y mayores dificultades para resolver oportunamente necesidades que, para muchas personas, no tienen una alternativa fuera del sistema público.
La ministra Ximena Chomali ha sostenido que estos ajustes no representan la muerte de la Atención Primaria, pero la discusión no puede resolverse mediante declaraciones tranquilizadoras porque la pregunta que queda en el aire es ¿qué capacidad tendrá la Atención Primaria para garantizar el derecho a la salud si dispone de menos recursos para responder a una demanda que no deja de existir? En la Atención Primaria se controla una enfermedad crónica, se vacuna, se detectan enfermedades, se acompaña a personas con problemas de salud mental y se sostiene buena parte del cuidado sanitario de la población, por eso, debilitar esa capacidad tiene consecuencias que exceden cualquier partida presupuestaria. El problema, entonces, no es solamente cuánto dinero se gasta en salud, sino cómo se distribuyen los costos de enfermar en una sociedad. Cuando las restricciones presupuestarias obligan a las familias a compensar las insuficiencias del sistema, el derecho a la salud comienza a depender cada vez más de la capacidad individual para pagar, esperar o cuidar.
El riesgo sanitario se individualiza y el costo del cuidado se traslada hacia los hogares. Ese es el verdadero problema de la austeridad sanitaria, por eso, la discusión no debería reducirse a cuánto podemos recortar sin que el sistema colapse, sino a qué financiamiento necesita una salud pública capaz de garantizar efectivamente el derecho a la salud. De ahí que, defender la Atención Primaria, asegurar su financiamiento y fortalecer las capacidades de la red pública no sean demandas accesorias, sino condiciones materiales para que el derecho a la salud pueda existir más allá del papel.